La ex consultora jurídica del Consejo Nacional de Drogas, Sonya Uribe, fue requerida para que comparezca el próximo lunes por ante la fiscalía del Distrito Nacional, donde será interrogada sobre alegados negocios que mantuvo con la red que dirigía el capo puertorriqueño, José David Figueroa Agosto, entre ellos la compra de una yipeta Volkswagen.
Al ofrecer la información, el fiscal del Distrito Nacional, doctor Alejandro Moscoso Segarra reiteró que este lunes a las 9:00 de la mañana Uribe será interpelada, tras ser mencionada, tanto por la esposa como por la compañera sentimental de Figueroa Agosto, en torno a la compra de la Yipeta Volkswagen Touareg por 35 mil dólares, que estaba a nombre de Mary Peláez, pero que era propiedad de un hermano.
Tras conocer los cargos en su contra, Sonya Eurídices Uribe Moya admitió que compró el vehículo a Mary Peláez, pero la ex consultora jurídica del Comité de Lavado de Activos del Consejo Nacional de Drogas aseguró en esa ocasión que no cometió hechos atentatorios contra la ética profesional y que sólo tiene una relación de vecina con la imputada por el caso Figueroa, y enfatizó en que no cometido ninguna acción ilícita que infringiera contra la ética profesional.
Moscoso Segarra también informó sobre el interrogatorio a que será sometido la próxima semana, sin especificar día, el coronel retirado del Ejército Nacional, Francisco Rodríguez Fernández, quien habría otorgado un carnet del DNI a Agosto, pero aclaró que en ningún momento dijo que había interrogado al ex militar, y que ahora es cuando será interpelado.
El funcionario agregó que Ingrid Alexandra Rodríguez Peguero (La Celestina), no ha sido localizada para cuestionarla sobre la supuesta gestión de documentos a Figueroa Agosto para su doble identidad, la compra de una finca y quien lo fue a buscar a la Dirección Nacional de Control de Drogas cuando fue detenido como Felipe de la Rosa.
Sobre el ingeniero Félix Bautista, senador por San Juan de la Maguana, aclaró que no tiene nada que ver con el caso Figueroa Agosto, pues no hay vínculos que lo comprometan, en tanto que el procurador general Radhamés Jiménez Peña, cree que las declaraciones de los imputados no necesariamente tienen que ser ciertas
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